La corrupción y el sistema político nacional

La corrupción en la República Dominicana está estrechamente vinculada al sistema político. No se conoce de ningún político que haya ido a prisión en los últimos años por la comisión de peculado o haber usado indebidamente los fondos públicos.

Se ha levantado una nueva teoría -promovida en espacios pagados con fondos públicos- que sostiene que el nepotismo no es corrupción, ni está penado por ley. Lo publicó el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, quien consideró lícito tener el 0.39% de la nómina de esa empresa estatal vinculados familiarmente con él. Luego lo apoyaron en esa idea, lamentablemente, el jefe del Ministerio Público y el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Otoniel Bonilla.

La impunidad es una de las características del sistema político. Nadie castiga a nadie en el ámbito oficial, ni de los partidos políticos, y por tanto, las indelicadezas se perdonan, pese a la contundencia de los artículos 100 y 102 de la Constitución y de los artículos 166, 167 y 168 y 175 del Código Penal, y las leyes del Servidor Público (120-01), la de Servicio Civil y Carrera Administrativa (14-91), el Código de Conducta para los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley (672-82), y los convenios internacionales de lucha contra la corrupción firmados por el país.

Los gobiernos se acostumbraron a convivir con la corrupción como algo congénito e inevitable y propio del sistema, que a su vez sirve para “engrasar” políticamente y prodigar favores bajo la creencia de que los gobiernos siempre necesitan contar con sectores con recursos abundantes para cuando pasen a la oposición.

El sistema se reproduce y multiplica en la medida en que la gente aspira a llegar al cargo público para hacer lo mismo que han hecho los predecesores: beneficiarse ellos y a su entorno. Es cierto que algunos grupos del sector privado sacan ventajas de la corrupción oficial; pero es la población la que padece el déficit de fondos públicos en servicios vitales como agua, energía, educación, salud, empleo, o calles y caminos seguros.

Asombra que en este país los políticos evadan el cumplimiento de las leyes y la acción de la justicia, y que sobren los argumentos para que así sea. El sector privado tiene gente suya en las cárceles, y observa con pesar que su cuota no es compensada por los políticos, donde opera como verdad contundente la impunidad. Lo deseable es que algún día el esquema cambie.