A continuación el texto íntegro de la crónica publicada en su edición de la fecha por el periódico español El País, bajo la firma de Jorge Marirrodriga, sobre los cables de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, en relación a la inversión extranjera:
Estados Unidos considera que el clima de corrupción en República Dominicana deja a la inversión extranjera a merced de funcionarios gubernamentales que exigen sobornos de manera "audaz" en un país donde las encuestas revelan que la población acepta este tipo de hechos.
Algunos inversores estadounidenses han recibido incluso amenazas, funcionarios corruptos han sido promovidos a puestos de mayor responsabilidad.
Las quejas se dirigen contra el Gobierno dominicano, "que tiene éxito en atraer inversiones mediante buenas relaciones públicas, con una retórica a favor de los negocios, e incluso firmando contratos con términos favorables para los inversores extranjeros, cuando en realidad el panorama para los inversores extranjeros está embrollado con intermediarios corruptos y un entramado legal proclive a satisfacer los antojos de los funcionarios públicos", según destacan los informes enviados a Wa-shington.
La Embajada en Santo Domingo se hace eco especialmente del caso de la sociedad de inversiones Advent International, cuyos directivos explicaron a los funcionarios estadounidenses a mediados de 2009 las molestias, amenazas y exigencias de sobornos sufridas cuando adquirieron Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), concesionaria de la gestión de diversos aeropuertos del país caribeño.
Se trataba de la primera de muchas inversiones que Advent pretendía hacer en República Dominicana y se formalizó en octubre de 2008. "Solo siete meses después [uno de los responsables de la empresa] confió a un consejero político de la embajada que Advent no haría ninguna inversión más en el país y que buscaba dejar Aerodom en seis o siete años", destaca en un informe el encargado de negocios Richard Goughnour.
Los dueños de Aerodom, según relata la embajada, apuntan a un funcionario, Andrés van der Horst, en su día presidente de Aeroportuaria y que en la actualidad no ostenta cargo público alguno.
Después de varios informes muy negativos por parte de la comisión, van der Ýorst exigió que el aeropuerto almacenara gratuitamente productos de exportación agrícola, un sector en el que el funcionario dominicano tiene intereses familiares.
Ante la negativa, los directivos recibieron la visita del general Jaime Osas, quien colocando un arma de fuego sobre la mesa, señaló: "Vengo a arreglar una cuenta pendiente entre usted y mi jefe".
Poco después, relata el cable enviado a Washington, Van der Horst exigió explícitamente un soborno de cinco millones de pesos dominicanos, unos 143,000 dólares. Las quejas llegaron a algunos ministros, que reconocieron que el funcionario era un corrupto.
Finalmente tomó cartas en el asunto el presidente, Leonel Fernández, quien aseguró que daría instrucciones para que Van der Horst se retractara. Los dueños de Aerodom destacaron que la intervención de Fernández estaba "ayudando". En la actualidad Andrés Van der Horst es presidente del minoritario Partido Liberal de la República Dominicana.
Corrupción para una planta de etanol. En otro informe, el embajador Robert Fannin relata la odisea que la empresa Forbes Energy atravesó en 2008 para conseguir los permisos de una planta de producción de etanol que, con 700 millones de dólares, iba a ser una de las mayores inversiones extranjeras en el país y la mayor de tipo privado en el campo de los biocombustibles en el mundo.
"[Los directivos] se enfrentan a retrasos innecesarios que interpretan como indicaciones para sobornos por parte de funcionarios del Gobierno. También han tenido dos requerimientos directos de funcionarios de alto nivel para pagos en efectivo". Una firma que no llegaba lo paralizaba todo. Según el cable, el ex ministro de Turismo, Félix Jiménez, se ofreció a allanar el camino a cambio de 10 millones de dólares. Un asistente del ministro de Defensa hizo una petición similar.
Para complicar más las cosas, el documento recoge las sospechas de que el proyecto pueda ser rehén de la rivalidad entre dos altos funcionarios, Radhamés Segura, vicepresidente del organismo estatal dominicano de empresas eléctricas, y el ministro de Economía, Juan Temístocles Montás, "de los que se rumorea que tienen ambiciones presidenciales".
El embajador Fannin expresa en el documento su preocupación por el hecho de que el ministro Jiménez pueda ser nombrado embajador en Washington, y propone revocarle la visa de entrada en EE UU por corrupción. Jiménez fue apartado del Gobierno en 2008 y no fue nominado embajador en EE UU, puesto que ocupa Roberto Saladín. La empresa finalmente pudo iniciar su actividad.
Los informes enviados a Wa-shington sobre corrupción en República Dominicana se extienden en el tiempo y ya en 2007 destacan cómo una encuesta refleja la tolerancia general de la población ante este tipo de prácticas.
El 82% de los dominicanos consideró entonces la corrupción como algo tolerable y el 67% tenía un familiar o amigo que había pagado sobornos para acelerar procesos administrativos. Al mismo tiempo los informes estadounidenses explican las diferentes medidas legales adoptadas por Leonel Fernández, quien llegó al poder en 2004, para combatir la corrupción.
Y un cable señala en sus conclusiones: "Mientras la corrupción tiene más impacto que nunca en la mente de la población dominicana, se ha logrado poco progreso real en la lucha contra ella. La cultura de la impunidad se va debilitando, pero la perspectiva de un castigo efectivo no ha avanzado mucho".
