Ofensiva de Chávez a la libertad de expresión

No queda duda de que una prensa libre, plural e independiente es un componente indispensable para el desarrollo y consolidación de una sociedad democrática.

La libertad de expresión está incluso consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por ello resulta inconcebible que bajo argumentos administrativos una nación como Venezuela, cuyo presidente ha logrado permanecer 10 años en el poder con el apoyo de las mayorías, vea de forma cíclica ofensivas oficiales en contra de medios de comunicación que expresan –de forma abierta en muchas ocasiones- su oposición al gobierno de Hugo Chávez y a su “revolución bolivariana”.

En lo que para muchos es considerada una nueva ofensiva contra la libertad de expresión, el gobierno de Chávez cerró el 1 de agosto 34 emisoras de radio y una televisora por considerar que operaban de forma irregular, al no haber renovado sus permisos o porque sus propietarios originales ya fallecieron.

Aunque el argumento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para ordenar la suspensión de las emisoras se basa en la supuesta falta de permisos, anunciada en julio, el secretario de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, reconoció que la medida forma parte de la lucha del gobierno contra el “latifundio mediático”.

Cabello adelantó además que otras 240 radiodifusoras y 45 televisoras podrían ser cerradas y que su despacho tiene la intención de otorgar los premisos de operación de las frecuencias a “las comunidades organizadas” a fin de que “se empodere el pueblo”.

Además y ante el rechazo de la oposición, de periodistas, de grupos de derechos humanos y de organismos de la sociedad civil, la Asamblea Nacional recibió la semana pasada el polémico proyecto de Ley de Delitos Mediáticos, que establece penas de hasta cuatro años de prisión para quienes usen los medios de comunicación para atentar contra la “estabilidad” de las instituciones, la “paz social” o la “moral pública”.

Como si fuera poco, seguidores de Chávez armados ingresaron por la fuerza el 3 de agosto a la sede de la televisora Globovisión –de reconocido carácter antichavista- y lanzaron bombas lacrimógenas, dejando dos heridos.

Tanto el cierre de emisoras como el proyecto de ley, presentado por la fiscal general, Luisa Ortega, no sólo despertaron el temor de la sociedad venezolana, sino que alertaron a organismos internacionales ante lo que calificaron como “deterioro” de la libertad de expresión en Venezuela.

Al manifestar su “profunda preocupación por el deterioro” de la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que “desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica”.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que agrupa a 17 mil emisoras, lamentó además "la falta de reacción" política de la comunidad internacional ante la "degradación de la democracia" venezolana.

Con un apoyo masivo como el que ha recibido Chávez en las urnas, el gobierno venezolano no requiere monopolizar los medios de comunicación y menos aún callar a la prensa.