Cambios en el aparato estatal

El Estado benefactor lo puede todo y garantiza empleos permanentes a todos los que ingresan a él a través del dadivoso tren de la política. Nadie sale del sector público, a menos que haya un cambio de partido gobernante y se aplique la irracional aplanadora.

Es lamentable que sea así, y que pese a la existencia de la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa siga prevaleciendo el Estado patrimonialista y benefactor, con el criterio de que los fondos públicos lo pueden todo, pese al déficit presupuestario que se arrastre para el presente año, superior a los 75 mil millones de pesos y que ha debido financiarse con la emisión de bonos del Estado Dominicano.

Los cambios introducidos por el presidente Leonel Fernández, leves y sin mucha profundidad, confirman el criterio de que el mandatario es renuente a dejar fuera de la administración pública a sus aliados políticos y colaboradores, a los que protege pese a las tachas o a pesar de los señalamientos críticos que se les hagan y que incluso afectan la imagen de su gobierno, que debe soportar los más enconados ataques y descalificaciones.

Los cambios no son tales. Se trata de movimientos en el fichero gubernamental. Nadie sale del aparato burocrático. Incluso a quienes se asignan secretarías de Estado sin cartera -que agradecerían irse tranquilos a sus casas a descansar de la agobiante actividad pública- se les premia como “asesores” con rangos altísimos, o como “asistentes”, o se les mueve a otras instancias oficiales donde trasladan las mismas prácticas clientelistas que les criticaron en las funciones que ahora dejan atrás.

Es lamentable que sea así. Cada cambio en un cargo gubernamental debiera ser una oportunidad para mejorar el ejercicio de la función pública. Pero el criterio oficial condiciona la forma de seleccionar los servidores públicos. A funcionarios que eran “asesores” del Presidente se les deja el mismo rango, pero con otros quehaceres como “asesores” en áreas distintas en las que igualmente es poco lo que podrán hacer por el escaso poder real que tienen las instancias oficiales a las que son trasladados.

El Estado clientelar está llamado al fracaso y en su falencia arrastra al aparato estatal que busca ser eficiente. En esa lógica es que se han creado islas de señorío, instituciones públicas sin poder de coordinación, políticas públicas contradictorias y un afianzamiento de la percepción de que en el gobierno todo se puede, porque de ahí nadie sale, sin importar el tamaño de sus errores.