Por un régimen monetario serio, estable, apolítico

El sistema financiero de la República Dominicana acaba de pasar por una de las peores crisis de su historia. Los cimientos de las entidades se movieron y por lo menos tres bancos dejaron de existir o cambiaron de dirección con un altísimo costo para el Gobierno y para la sociedad.



Entidades internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial recomendaron un nuevo régimen de vigilancia a las autoridades dominicanas, para evitar que crisis similares vuelvan a sorprender a los supervisores que no cumplieron con su papel, para pena y desgracia de los ciudadanos que han cubierto el costo de aquellos desmanes.



Hizo bien el Poder Ejecutivo al proponer la constitucionalización el régimen financiero, definiendo claramente el rol de la Junta Monetaria y del Banco Central, concediendo independencia en sus actuaciones y profesionalizando la composición de la entidad cúspide reguladora del sistema financiero.



Lamentablemente, la Asamblea Nacional revisora de la Constitución ha fallado en primera lectura contra la propuesta del Poder Ejecutivo, y los artículos del proyecto del 203 al 211 fueron rechazados para que queden como parte de la Ley Monetaria y Financiera, y fuera de la Constitución de la República. Se trata de una decisión equivocada, que desconoce los terribles efectos que tuvo la no regulación de las entidades financieras en los años anteriores al 2003.



No se quiere que la Constitución limite a nueve el número máximo de miembros de la Junta Monetaria. Es una manera inteligente de evitar el clientelismo político en un ámbito tan delicado, y una forma de evitar los conflictos de intereses con la composición de los miembros de la Junta Monetaria. La autonomía del Banco Central es esencial para que tengamos un régimen financiero estable y confiable por largos años. ¿Qué ganamos excluyendo estos artículos? Nadie en la Asamblea Revisora lo podría explicar.



Mucha gente ha hablado de presidencialismo como un mal de la política dominicana. Una forma de reducirlo es dándole autonomía al gobernador del Banco Central por seis años para dirigir la política monetaria, sin intervención del Poder Ejecutivo y sin la intromisión de las cuestiones propias de los partidos.



Conviene a las entidades de intermediación financiera, al gobierno, a los políticos y a la ciudadanía que fijemos por la vía constitucional un régimen financiero confiable, estable, ajeno a los traumas de la política. Sería bueno revisar esa eliminación.