La comisión designada por la Asamblea Revisora para estudiar lo relativo a las atribuciones del Poder Judicial rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo para que se cree una Sala Constitucional independiente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En el informe rendido por la comisión que dirige el diputado Víctor Suárez, no se incluye la Sala a pesar de que es uno de los acuerdos firmados entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas. En cambio dejó a la SCJ la facultad de conocer las acciones de inconstitucionalidad que les sean sometidas.
Sin embargo, el vocero de los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Roberto Rodríguez, anunció que esa propuesta será retomada hoy cuando se reinicien los trabajos para conocer el título V, referente al Poder Judicial, y sus disposiciones transitorias de la propuesta de Reforma Constitucional enviada por el Poder Ejecutivo y las enmiendas propuestas por la comisión.
Rodríguez dijo que la mayoría de la población quiere una Sala Constitucional y por esa razón la apoyan. Propone que los miembros de esta sean entre nueve a once, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los trabajos reiniciarán a las 10:00 de la mañana de este jueves luego de ser pospuestos a solicitud del vicevocero de los asambleistas del PRD, Ruddy González, quien alegó que el proyecto no lo habían leído.
El secretario de la Asamblea, Alfonso Crisóstomo, leyó el informe, pero no fue conocido porque los asambleístas no tenían copia del mismo.
A pesar de que originalmente le había dado el apoyo al informe, la diputada del Partido Refomista Social Cristiano, Rafaela Alburquerque, quien formó parte de la comisión, envió una carta al coodinador solitándole el retiro de su firma.
El motivo fue que el PRSC se opone a la composición que sugiere la comisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo deja en ocho integrantes con lo que el Presidente de la República tendría la facultad de decidir con una doble votación sobre las decisiones de ese organismo. La Comisión propone en su informe que la Suprema continúe siendo el máximo órgano judicial y en materia de garantías constitucionales, compuesto por lo menos por 16 jueces, que deberán retirarse a los 75 años de edad.
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