El Gobierno dominicano necesita más dinero. Para nadie medianamente enterado es un secreto que, por múltiples factores internos y externos, el Estado dominicano arrastra un déficit fiscal que mantiene a la administración del presidente Leonel Fernández un tanto atada para desarrollar sus proyectos de inversión e incluso para cumplir con los compromisos ordinarios.
En estos momentos el equipo económico del Gobierno diligencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayuda para colocar US$1,000 millones en bonos soberanos, al unísono con las facilidades financieras que devendrían de un acuerdo Stand By para obtener otros US$1,225 millones.
En principio nadie debe oponerse a que el Gobierno resuelva sus problemas de carencia de liquidez.
Lo que debe exigírsele a la actual administración, como se ha exigido a las anteriores, es que no oculte ningún detalle respecto al posible convenio que firmaría con el FMI, sus alcances y los compromisos que conllevaría para el Estado dominicano.
Asimismo, debe el Gobierno administrar esos recursos con suma transparencia y racionalidad, evitando el derroche alegre y el uso politiquero, que tan caros nos han costado a través de la historia.
Los servicios de la deuda externa constituyen un pesado fardo para el pueblo dominicano, agobiado con el pago de impuestos sin recibir a cambio los servicios públicos fundamentales.
Y si a esas deficiencias se suman los problemas de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, nepotismo, clientelismo y otras modalidades de corrupción en la administración pública, le sobran motivos a la ciudadanía para mostrase escéptica.
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