Los inmigrantes en cualquier país deben respetar las leyes y regulaciones de las naciones que los acogen y someterse a la justicia en caso de que las violen.
De la misma forma, los gobiernos deben velar por el respeto a las garantías y derechos humanos de los migrantes, sin importar el estatus legal que ellos ostenten.
Los recientes incidentes que afectan a unos 800 dominicanos que habitan en un asentamiento irregular en Puerto Rico representan una muestra de lo que, de ninguna forma, debiera ocurrir en un país democrático y con instituciones sólidas.
Mientras los migrantes permanecen en el asentamiento de viviendas ilegales, violando las regulaciones de la vecina isla, los líderes comunitarios e incluso el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, Máximo Taveras, han denunciado supuestas acciones xenófobas por parte de las autoridades boricuas.
La dirigente comunitaria Maritza de la Cruz ha insistido que las acciones de las autoridades para desalojarlos, como el reciente corte de los servicios de energía eléctrica y agua potable, tiene tintes de “xenofobia, el racismo y la discriminación que vivimos en este país, por el simple hecho de ser extranjeros, negros, pobres y trabajadores”.
Taveras denunció a su vez que durante el operativo de corte de luz y agua potable, la semana pasada, loa agentes de la policía usaron gas pimienta en contra de una comunidad desprotegida y que no opuso resistencia.
Pese a que los migrantes dominicanos se encuentran en situación de ilegalidad por haber usurpado los terrenos donde viven, las autoridades puertorriqueñas deben vigilar que sus garantías individuales no sean violentadas en ningún momento.
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