La investigación de la Dirección General de Aduanas determinó que dos empresas de alto perfil y reconocimiento, Itabo y CEMEX, habían trasegado combustible en forma ilegal, a partir de las exenciones de impuestos establecidas por el Estado para la compra o importación de combustibles.
El Estado, en uso de sus atribuciones, decide a quien le exonera el pago de un impuesto por una determinada razón, en el caso de las empresas generadoras de electricidad con la finalidad de abaratar costos y hacer menos pesada la carga para toda la economía nacional.
Pero siempre que se favorece a un sector con exoneraciones de un producto o servicio, existe la posibilidad de que se quiera aprovechar esa brecha para sacar ventaja más allá de lo estrictamente establecido por la disposición.
Como todavía no se ha llegado a un hecho definitivamente juzgado y decidido, debemos darle el beneficio de la duda a las dos empresas involucradas.
Sin embargo, esa es una larga historia, que en muchas ocasiones ha sido puesta sobre el tapete, sin que haya habido ninguna medida oficial para evitar la importación o la distribución ilegal de combustible que van a parar al mercado regular o a las industrias que no deben disfrutar de las exenciones impositivas.
Si confiamos en las autoridades de Aduanas, tendremos que aceptar que se trató de una práctica vieja, en la que no solamente trasegaron las dos empresas multadas por las autoridades, sino muchas otras que hacían lo mismo y no fueron descubiertas o investigadas con eficiencia.
Las autoridades descubrieron en una ocasión un barco cargado de combustible en las costas dominicanas y que tenía como destino empresas establecidas, de las cuales nunca se supo nada. Las empresas generadoras de electricidad y los generadores independientes importan grandes cantidades de combustibles que no necesariamente consumen, y que el excedente podría terminar en el mercado regular, sin pagar los impuestos.
El secretario de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, ha sugerido que se eliminen las exenciones que existen en este momento.
Si no se toma esa decisión, por lo menos el Gobierno debe ir pensando en ir desmontando poco a poco esa política, porque en los hechos no ha servido para que se traspase el beneficio a toda la economía, sino para que un grupo de empresas disfruten del privilegio de competir con ventaja a costa de los contribuyentes, además de crear distorsiones y prestarse posibles evasiones y ventas ilegales.
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