La Dirección de Impuestos Internos informó
del apresamiento en Venezuela por el INTERPOL de un ciudadano
venezolano-español implicada en un fraude fiscal por más de RD$1500.
millones contra el Estado Dominicano.
El detenido es Carlos Guerrero Costas, quien es presidente de la empresa Atlas Marine, que utilizó una gran cantidad de comprobantes fiscales para estafar al Estado evadiendo impuestos, reveló este martes el subdirector Jurídico de Impuestos Internos, Roberto Rodríguez.
Dijo que abogados de la institución gestionan a través de la Cancillería y la Embajada Dominicana
en Venezuela seguimiento el proceso de deportación de dicho ciudadano,
quien deberá responder ante las acusaciones que el Estado Dominicano y la Dirección General de Impuestos Internos instrumentan en su contra por fraude.
Este martes fue celebrada la audiencia preliminar de la querella interpuesta por la Fiscalía y la DGII
contra otros acusados del Fraude de Comprobantes Fiscales. Son
ellos Lizaro Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio
Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka
Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine.
La audiencia estuvo presidida por la magistrada Clara Luz Almonte Gómez, quien acogió la petición del fiscal adjunto a la DGII ,
Ybo René Sánchez Díaz, para que se ponga en custodia las pruebas
en contra Guerrero Costas y que se publiquen las generales del
acusado. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró a este último en rebeldía y dictó orden de arresto en su contra contra.
Asimismo la magistrada aplazó para el 16 de marzo próximo el conocimiento de la querella interpuesta por la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General
de Impuestos Internos, dando un plazo de diez días a las barras de
abogados que se presentaron por separado en el tribunal alegando ser
representantes legales de la empresa Atlas Marine Caribbean.
La
jueza dispuso que todos los implicados, testigos y querellantes
queden formalmente convocados. El próximo 16 de marzo el tribunal
apoderado deberá evaluar las evidencias documentales y testimoniales
presentadas por la DGII y la Fiscalía del Distrito Nacional, y determinar, entre otras cosas, si procede el envío a juicio de fondo de los imputados.
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