Santo Domingo.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, instruyó ayer al fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, para que apele la decisión del juez de la instrucción, René del Rosario, que dejó en libertad a los integrantes de la presunta banda acusada de asesinar a 12 personas y de herir a otras siete en distintos barrios de la capital.
El procurador Jiménez indicó que el ministerio público recurre a los canales que la ley pone a su alcance cuando está en desacuerdo con una decisión judicial.
Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, pidió al juez que ventiló el caso remitirle la decisión adoptada para dejar en libertad al grupo, integrado por Miguel Alfonseca Soto, Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala. Sobre el cuestionamiento a la justicia por este tipo de decisiones, Subero Isa rehusó responder, tras insistir que solicitó al magistrado la remisión a su despacho del expediente. Ayer los fiscales del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo y el Comisionado de Reforma y Modernización de la Justicia calificaron de lastimosa e infeliz la decisión.
Los fiscales Alejandro Moscoso Segarra, Perfecto Acosta y el comisionado Lino Vásquez Samuel sostienen que la decisión del juez vulnera el espíritu de una justicia seria y sobre todo pone en riesgo a la sociedad. Moscoso Segarra entiende que fue una decisión lastimosa y que no envía un mensaje adecuado a la sociedad dominicana.
En tanto, Acosta dijo que apelará la decisión del juez. “Había pruebas suficientes, elementos de prueba suficientes para que a todos los sicarios se les diera prisión preventiva”, dijo Acosta.
Mientras Vásquez Samuel expresó que en este caso se trata de una organización del crimen organizado dedicada al sicariato. Confió que en apelación se varíe la decisión y se dicte prisión preventiva a los imputados.
Fuente:http://www.listin.com.do
El procurador Jiménez indicó que el ministerio público recurre a los canales que la ley pone a su alcance cuando está en desacuerdo con una decisión judicial.
Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, pidió al juez que ventiló el caso remitirle la decisión adoptada para dejar en libertad al grupo, integrado por Miguel Alfonseca Soto, Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala. Sobre el cuestionamiento a la justicia por este tipo de decisiones, Subero Isa rehusó responder, tras insistir que solicitó al magistrado la remisión a su despacho del expediente. Ayer los fiscales del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo y el Comisionado de Reforma y Modernización de la Justicia calificaron de lastimosa e infeliz la decisión.
Los fiscales Alejandro Moscoso Segarra, Perfecto Acosta y el comisionado Lino Vásquez Samuel sostienen que la decisión del juez vulnera el espíritu de una justicia seria y sobre todo pone en riesgo a la sociedad. Moscoso Segarra entiende que fue una decisión lastimosa y que no envía un mensaje adecuado a la sociedad dominicana.
En tanto, Acosta dijo que apelará la decisión del juez. “Había pruebas suficientes, elementos de prueba suficientes para que a todos los sicarios se les diera prisión preventiva”, dijo Acosta.
Mientras Vásquez Samuel expresó que en este caso se trata de una organización del crimen organizado dedicada al sicariato. Confió que en apelación se varíe la decisión y se dicte prisión preventiva a los imputados.
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