El crecimiento desproporcionado y en gran medida desordenado de la oferta de servicios privados de vigilancia y policía, hasta el punto de que se equipara el número de guardianes, conocidos popularmente como “guachimanes” con el de los agentes de la Policía Nacional, debe llamar la atención de las autoridades.
Del reportaje publicado en Clave y Clave Digital, de la autoría de la periodista Lery Piña, varios aspectos llaman la atención y deben ser objeto de revisión de parte de las autoridades de la Secretaría de Interior y Policía y de la Secretaría de Estado de Trabajo:
-Los criterios y requisitos para aprobar la creación y operación de una empresa de guardianes o policías privados.
-Si los asuntos de seguridad interna de República Dominicana son de la atribución de Interior y Policía, ¿por qué está en manos de los militares la entidad que debe encargarse de supervisar las empresas de seguridad privada?
-La selección del personal que hará de vigilante armado y el entrenamiento que recibe.
-El pago de salario, la afiliación a seguro médico, plan de pensión, bonificación y otros beneficios que deben recibir los guardianes, como empleados privados (las quejas de los guardianes son muchas, aunque no quieren hablar públicamente por temor a represalias).
Hasta prueba en contrario, la República Dominicana es un caso único. Pensemos: ¿es normal que un país que tiene un cuerpo de policía, incluso de jurisdicción nacional, cuente con igual número de policías privados?
Como bien señala el politólogo Daniel Pou, especializado en asuntos de seguridad, se ha producido una hipertrofia con el crecimiento desordenado de las empresas de vigilantes armados, debido a la ineficiencia de la seguridad pública que debe proveer y garantizar el Estado dominicano.
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