El gobierno dominicano debe poner atención al llamado que le han hecho 34 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales para frentar cuanto antes el deterioro moral de las entidades públicas y el despilfarro de algunos funcionarios de los dineros que aporta el país a través de los impuestos que paga al Estado.
El llamado de atención es válido. No debe interpretarse más allá de la preocupación que expresan instituciones no acostumbradas a la plegaria pública, como se sabe, que se ha convertido en una especie de deporte mediático, tanto del sector público como del sector privado.
Es grave la afirmación que hacen, en el sentido de que los signos de ineficiencia, corrupción, nepotismo, vandalismo político y permisividad creciente en la administración pública y los partidos políticos, que de no cambiar el ritmo que llevan, el país correría el riesgo de convertirse en una sociedad inviable. Fue mucho que lo se debatió en el pasado sobre el Estado fallido, y esa es precisamente una de las posibilidades futuras que nos toca. En caso de que sigamos el rumbo que llevamos, según las entidades.
Mencionan los casos de escándalos públicos con recursos de la CDEEE, el PRA, el INDRHI, la OTTT y otras entidades como “un asomo de todo el armazón corrupto que malos dominicanos han calado en las instancias del Estado de forma creciente”.
La advertencia es válida y debe servir de estímulo a las autoridades para comenzar a tomar medidas que revolucionen moralmente el aparato público, y haya ejemplos vivos de sanciones contra todos aquellos y aquellas que despilfarren los fondos del erario público. El Gobierno tiene que levantar la moral pública para que el país siga adelante, para que los ciudadanos, las empresas y las instituciones sientan satisfacción y no desgano en el momento en que cumplen el sagrado deber de pagar los impuestos.
“Lo peor es que estos escándalos están acabando con las cosas positivas que se tratan de hacer, incluso, desde el propio gobierno, y están destruyendo la esperanza del pueblo dominicano”, escribieron las instituciones. Tienen razón. El gobierno es el primer comprometido a producir cambios, y la justicia tiene la responsabilidad de acompañarlo.
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