Ignora gravedad de corrupción en el país

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los ciudadanos dominicanos se suman al llamado contra la corrupción de las 34 asociaciones sociales y empresariales, y en ese sentido, manifiestan su indignación por la supuesta indiferencia del gobierno a las denuncias de nepotismo y corrupción en instituciones públicas como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA) y el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Mediante un sondeo llevado a cabo por reporteros de Clave Digital, el grupo de entrevistados advirtió la necesidad de que las autoridades sometan a la justicia a los responsables de estas acciones.

Para José Sánchez, comerciante, el presidente de la República, Leonel Fernández, premia a los funcionarios de su administración que cometen actos de corrupción, porque, según dijo, “se hace de la vista gorda”.

Sánchez considera que la corrupción se ha esparcido de manera considerable en las instituciones, lo que obedece, según cree, a que en el país algunas de las personas que ocupan puestos públicos carecen de conocimientos generales, razón por la cual sólo piensan en lucrar sus bolsillos.

“El Gobierno debe dar un ejemplo de seriedad y pulcritud ante el mundo y debería darnos vergüenza que en un país donde se sabe quienes cometen actos de corrupción, que es de conocimiento de todo el país, y más bien le dan un premio. Le dan un premio a su lambonismo y fanatismo y el presidente sabe quiénes están robando, pero él (Fernández) se hace de la vista gorda, porque él es un político. Él los deja robar porque esas personas están a su alrededor, ahí entran a funciones públicas sin preparación, van con un hambre y con una sed de dinero, sin importar la moral ni el apego a las reglas humanas”, agregó.

De su lado, tanto Wilfredo Payano, profesor, como Roberto Moreno, contador, llamaron al gobierno a someter a la justicia a los funcionarios públicos acusados de nepotismo y corrupción.

“Estamos de acuerdo con el llamado de las asociaciones de que es hora de que se luche contra la corrupción y por eso entendemos que es necesario que se someta a la justicia a los culpables y así se evita que otros cometan este tipo de actos”, expresaron de manera separada.

Llamado de las asociaciones

El pasado domingo, unas 34 organizaciones empresariales, profesionales y sociales llamaron a la población en general a frenar el deterioro moral e institucional de los organismos del Estado y las estructuras políticas que les sirven de soporte.

En un comunicado conjunto, las entidades definieron como abrumadores los signos de ineficiencia, corrupción, nepotismo, vandalismo político y permisibilidad creciente en la administración pública y los partidos políticos y señalaron que si el problema no cambia, el país corre el riesgo de convertirse en una sociedad inviable.

“Casos como los de la CDEEE, el PRA, el INDRHI, la OTTT, la Secretaría de Obras Públicas y la Lotería Nacional son apenas un asomo de todo el armazón corrupto que malos dominicanos han calado en las instancias del Estado de forma creciente”, manifestaron.

Advirtieron que este fenómeno ha ocurrido gobierno tras gobierno, y que ha sido alentado por la permisividad, no sólo de las autoridades que tienen a su cargo la persecución de los que atentan contra la cosa pública, sino también de una parte importante de la sociedad, que no ha impuesto la censura moral que corresponde.

“El uso inadecuado de los fondos públicos se disfraza de generosidad y de desvío de fondos que deberían estarse utilizando para eficientizar los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, a los que pagan sus impuestos y mantienen la cosa pública ¡Qué fácil es ser dilapidador con dinero del pueblo!”, proclamaron las 34 organizaciones.

Asimismo, definieron como irritante el caso de la CDEEE, donde –aseguran- el dispendio y la corrupción se imponen, mientras la crisis del sector eléctrico crece y se incrementa la deuda con los generadores, así como el subsidio que debe ofrecer el Estado para mantener precariamente encendido el país, a costa del deterioro de los servicios de salud, educación, agua potable y otros esenciales para el desarrollo de la Nación.