Pensábamos que habíamos obtenido un avance en el régimen democrático del país con la Ley 37-10 que crea y reglamenta las diputaciones nacionales. Qué amarga sorpresa. Proponiéndose favorecer las minorías políticas, lo que en realidad hace es fortalecer a los partidos mayoritarios. Es el efecto trompo: proponer una cosa y lograr la contraria.
¿En qué consiste la perversidad de esta Ley? Al incluir en esta legislación tanto a los pequeños como a los grandes partidos, lo que debió ser un régimen especial y exclusivo para las minorías, en la práctica es un reforzamiento de los grandes partidos que concentran la mayoría electoral.
Para que un pequeño partido o una alianza de pequeñas fuerzas políticas puedan tener el “acceso privilegiado” a las diputaciones nacionales tendrán que obtener el 1% o más del electorado de la elección congresual y no haber logrado ninguna diputación de circunscripción territorial.
Este “acceso privilegiado” no se aplica si el pequeño partido, aún cuando obtenga las condiciones anteriores, concurre en la elección congresual aliado a una fuerza mayor. En ese caso los votos obtenidos por el partido menor en la elección congresual, se les suman al partido mayor o a la alianza para favorecer la lista de candidaturas a diputados nacionales de éste. Es decir que para que un partido minoritario pueda ganar una diputación nacional, además de las otras condiciones que establece la Ley y su reglamento, deberá concurrir en solitario, sin alianza, a la elección de los cargos congresuales.
La única manera de que un pequeño partido en alianza con otro grande, pueda tener la posibilidad de conquistar una diputación nacional, es si una candidatura suya es colocada en la lista de las candidaturas para diputados nacionales, especialmente dentro de las tres primeras, del partido mayoritario.
Según esta legislación, hecha la distribución de las diputaciones nacionales entre los partidos que acumularon el 1% o más de los votos congresuales y no obtuvieran ninguna diputación de circunscripción territorial, se procederá a repartir proporcionalmente las restantes diputaciones nacionales entre los partidos con mayor cantidad de votos y que han logrado diputaciones ordinarias.
En el actual escenario electoral, de fuerte polarización entre dos partidos con sus respectivas constelaciones de aliados, y con una tendencia de concentración de votos en uno de ellos, el resultado con respecto a la aplicación de la Ley 37-10, es que los pocos partidos que concurren en solitario poseen poca posibilidad de alcanzar el 1% o más de los votos, y por tanto, la distribución de estas diputaciones nacionales quedará entre los dos partidos más grandes: 3 diputaciones para uno y dos, para el otro. Más diputados para los que más tienen, lo diametralmente opuesto al propósito de la legislación.
La causa de esta perversión de los propósitos de la Ley, no es atribuible a únicamente a un accidente del escenario electoral en curso, aunque está reforzada por la fuerte polarización entre los dos partidos mayoritarios y el efecto de arrastre del liderazgo nacional sobre las candidaturas locales restaurado a plenitud por la unificación de las elecciones en la nueva Constitución de la República.
La causa está en incluir en esta legislación a los partidos mayoritarios como beneficiarios de la misma, cuando debió instaurar un régimen para únicamente los partidos o movimientos que representan la minoría y que, por tanto, no tienen la posibilidad de obtener un diputado en una circunscripción territorial.
Si la legislación quería garantizar representación de la minoría, debió disponer que se tomaran en cuenta los votos congresuales de estos partidos, fueran coaligados o no a otros, para participar en la distribución proporcional de las diputaciones nacionales. De lo contrario, tal como lo establece hoy la Ley y su reglamento, es hacer que la minoría continúe subordinada a la mayoría para conseguir representación en el Congreso Nacional.
Este próximo 16 de mayo, los que tendrán más representantes en el Congreso Nacional se quedarán con las diputaciones nacionales, lo que significa que la mayoría será reforzada en detrimento de la minoría huérfana de representación, acentuando la concentración de poder y de representación política en los grandes partidos. Esto es verdaderamente una perversidad.
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