El informe limitado sobre el secuestro de Baldera y los dos asesinados

El informe de la Procuraduría General de la República, sobre la ejecución de los detenidos William de Jesús Batista y Cecilio Díaz, presuntos vinculados al secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez, confirma lo que todo el mundo presumía: que agentes de la Policía Nacional los ejecutaron, luego de tenerlos en su poder para someterlos a la justicia o investigarlos sobre los presuntos vínculos que tendrían con el secuestro.

La Comisión Investigadora escribió un documento en el que confirmó que no se pudo producir un enfrentamiento a tiros, como dijo la Policía Nacional, porque los secuestradores estaban arrestados, esposados, desarmados y custodiados, lo que evidencia que Díaz y Batista fueron acribillados.Se determinó que los agentes policiales utilizaron armas distintas de las que legalmente tenían asignadas.

Es decir, que iban preparados con otras armas, y tenían la decisión de asesinar a los dos presuntos secuestradores.La recomendación de la comisión es la de sancionar a los agentes que actuaron, no a los superiores, que de hecho se hacen responsables de las actuaciones de sus subalternos, ya entrenados en la práctica de reportar intercambios de disparos.

Los sometidos serán el teniente coronel Alberto Trejo Pérez, el mayor Jesús Rafael Tejada Tejada, el mayor Franklin E. Santana Martínez, el segundo teniente José Luis Peralta Valentín y el segundo teniente Catalino de Jesús Pérez.

¿La investigación no profundizó sobre las razones de los agentes policiales para cometer el crimen? ¿Por qué lo hicieron? ¿Recibieron órdenes superiores de cometer el crimen? ¿Por qué varios agentes policiales se pusieron de acuerdo previamente con la ejecución, y cambiaron las armas que utilizarían? ¿No se percataron de que el crimen que cometerían era mayor que el crimen del que estaban acusando a los implicados?

¿Desconocían estas agentes que las informaciones que podría obtener la PN con los implicados eran de gran uso para determinar el comportamiento de los secuestradores, las razones por las que cometieron el secuestro y los modelos de actuación que tenían? ¿Tenían otros crímenes cometidos?

¿Quiénes más estaban implicados? ¿Sabían los agentes que ejecutaron a los dos secuestradores que estaban matando la fuente de nuevas y más importantes informaciones, sobre otros implicados de más rango o categoría social?¿La conducta criminal de los agentes policiales no es motivo de preocupación para fiscales y jueces?

¿No sería de un acto conciente y deliberado, para tapar huellas importantes el crimen que se estaba cometiendo, utilizando el uniforme de la ley? ¿Por qué el informe no profundiza un poco más en este hecho? ¿Hasta cuándo las autoridades principales de la Policía seguirán lavándose las manos frente a estos hechos criminales?

¿Son inmunes a lo que hacen sus agentes? ¿No se dan cuenta que están administrando y dirigiendo a grupos que actúan en nombre de la ley, pero que al mismo tiempo pisotean la ley y la Constitución, cuando deciden poner fin a la vida de un ciudadano, por más pobre que este sea?


Si alguien tiene respuestas a estas preguntas, que nos ayude a entender lo que está pasando en la sociedad, con el desprecio a la vida, con el abuso de la autoridad y con la impunidad ante el crimen. Ya son dos los ciudadanos que han sido asesinados por policías dentro de centros hospitalarios públicos. Y nada pasa. Y el silencio sigue rondando, amenazante, uniformado, armado, sin que la sociedad demande respeto a la vida, que es el mayor bien que todos tenemos.