Si en algo hubo coincidencia durante los últimos años en relación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, fue en la necesidad de que resultaran independientes del poder político y de los rejuegos de los grupos de intereses y de poder.
Con el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) se iniciaron ambos procesos, y el país comprobó que el desarrollo de las inversiones y el crecimiento económico estaban vinculados a un sistema de justicia independiente de las cambiantes olas del ambiente político. Jueces y Fiscales debían tener un estatuto eminentemente profesional, fuera del ámbito partidista.
Las designaciones de Abel Rodríguez del Orbe en la Procuraduría General de la República, y de Guillermo Moreno en la Fiscalía del Distrito Nacional fueron las primeras muestras de que se había escogido el camino correcto.
El país comenzó a probar la eficacia de la independencia del Ministerio Público, y se inició el esfuerzo para garantizar que aquella forma de representara la sociedad en el plano de la Justicia no volviera atrás.
El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a operar y escogió una nueva Suprema Corte de Justicia independiente, con poder para decidir los asuntos de su incumbencia y los de carácter constitucional.
El PLD y el PRD se han puesto de acuerdo en la reforma constitucional en curso para echar atrás parte del poder que le otorgaron a la Suprema en la reforma constitucional del 1994. Con los cambios, el más alto tribunal perderá una gran parte del poder que le entregaron, porque se creará el Tribunal Constitucional, con autoridad para decidir los asuntos relativos a la constitucionalidad. Todo el mundo sabe que los asuntos judiciales adquirirán carácter constitucional, pues los abogados y judiciables querrán llegar siempre hasta el último eslabón posible en el tratamiento de sus casos.
Lo relativo al Ministerio Público también está quedando mutilado en la reforma constitucional. Nada de independencia para los fiscales. El procurador general y los fiscales de las ciudades importantes serán designados por el Poder Ejecutivo, lo mismo que una cuarta parte de los procuradores adjuntos. Esto quiere decir que los egresados de la Escuela Nacional del Ministerio Público no podrán llegar a las posiciones para las que se están formando, que serán llenadas con designaciones políticas de quien ocupe la presidencia de la República. Esto es un retroceso, por cualquiera de los lados que se quiera analizar. Y es una decisión política.
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