La ciudadanía no debe renunciar a sus derechos

Una parte de la dirigencia política nacional ha llegado al colmo de pretender acomodar las leyes a sus caprichos e intereses grupales y hasta personales.

Esto a propósito de los ridículos argumentos que han expuesto algunos funcionarios del gobierno central, de entidades descentralizadas y legisladores en torno a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Esa legislación, que nació por la necesidad de que la República Dominicana cumpliera con los requisitos del DR-CAFTA, y que fue autoría del entonces senador José Tomás Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido puesta en entredicho por los propios compañeros de partido del dirigente peledeísta que se resisten a someterse a la transparencia necesaria como servidores públicos.Algunos se han despachado con expresiones muy curiosas:

La ley debe ser modificada porque su uso se ha “cualquierizado”. Ojalá que así ocurriera. El día en que en la República Dominicana se “cualquierice” el ejercicio de los derechos habremos alcanzado la madurez como sociedad democrática.

Otros han afirmado que esa ley es “un absurdo”, y apelan al mito del secreto de Estado, como si los estados democráticos tuvieran necesidad de administrar sus asuntos comunes a espaldas de la población.

Y no han faltado quienes acusen de populistas y sensacionalistas a los periodistas que se valen de la legislación para obtener información que los funcionarios se resisten a entregar voluntariamente.

El funcionario o servidor del Estado no debe olvidar que, por alto que sea su cargo y por grande que sea su influencia política, es un empleado que la ciudadanía paga con sus impuestos.

Por más resabios que hagan los funcionarios, que a veces se presentan convencidos de que más que administradores del Estado son propietarios y jefes absolutos, la ciudadanía debe tener claro que a los derechos no se renuncia y que no se debe permitir un retroceso en materia de transparencia.

La población debe estar atenta para que los pataleos y rabietas de esos empleados públicos no pasen de ahí, que no se conviertan en iniciativas legislativas nefastas que terminen por eliminar la Ley de Acceso a la Información o transformarla en una legislación trunca, que cierre las posibilidades de obligar a los administradores de la cosa pública a dar explicaciones e informaciones sobre la forma en que usan los dineros y bienes puestos bajo su cuidado.