La vinculación de militares activos a los carteles colombianos del narcotráfico denunciada por el ex fiscal del Distrito nacional, José Manuel Hernández Peguero no fue descartada ayer por el secretario de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, enfatizó en que durante su gestión se ha trabajado de manera activa para desarticular esas redes del narcotráfico y del crimen que operan en la sociedad.
El titular de los cuerpos armados afirmó que en las instituciones militares se ha retirado y cancelado a un gran número de miembros que han estado vinculados con esas redes.
En cuanto a la denuncia de Hernández Peguero, de que el cártel colombiano que utilizaba al ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo como intermediario en el tráfico de drogas en el país ahora se vale de militares activos y civiles, consideró que son informaciones a las que se debe prestar atención, pero advirtió que las Fuerzas Armadas ni la sociedad se deben dejar intimidar.
Peña Antonio habló ayer en la mañana luego de encabezar un acto de entrega de cheques de pensiones a oficiales y alistados retirados en la sede del Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), donde hizo hincapié en que las instituciones militares están encaminadas a su depuración y limpieza.
Aunque dijo desconocer las pruebas que pueda tener Hernández Peguero, declaró que da seguimiento a esos casos a través del DNI y demás organismos de inteligencia, y que la creación de la unidad de asuntos internos refuerza esa labor.
La penetración del narcotráfico a las Fuerzas Armadas ha provocado la expulsión de más de 800 miembros de las entidades castrenses.
Denuncias sobre el pago de peaje obligaron a la remoción de dotaciones policiales de Bonao, Puerto Plata, Moca y San Francisco de Macorís, así como tres coroneles de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea Dominicana y del Ejército Nacional y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dados de baja por alegada complicidad con el narcotráfico.
Sin embargo, el caso más sonado fue el de Paya, Baní, donde fueron ejecutados seis extranjeros y un dominicano a manos de sicarios encabezados por militares, encabezados por el ex teniente de navío Edward Mayobanex Rodríguez Montero, en lo que se interpretó como un ajuste de cuentas por el tumbe de dinero del narcotráfico.
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