El juez de ejecución de la pena del Distrito
Nacional emitió una orden de arresto, captura y conducencia contra el
diputado Ramón Antonio Fernández Martínez, condenado a un año de prisión
por haber sustraído de la autoridad de sus padres a una menor de edad,
con la cual convivió.
Mediante el auto 720-2012, de fecha 27 de agosto de este año, el
magistrado Saulo Isabel Díaz ordenó la búsqueda y captura del legislador
por Santiago Rodríguez, para dar cumplimiento a la sentencia número 20
de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la cual se le condena a un año
de prisión suspendida condicionalmente a seis meses en Najayo.
En su instancia, el juez explica la competencia que tienen para
ejecutar la decisión judicial y agrega que la decisión fue tomada tras
rechazar la solicitud de suspensión de ejecución de la pena incoada por
el condenado en virtud de un recurso de revisión interpuesto por ante el
Tribunal Constitucional que no ha sido fallado.
El juez es de pensar que “el recurso interpuesto por el penado ante
el Tribunal Constitucional no suspende ni paraliza la ejecución de la
pena”.
Agrega además que si bien es cierto que se trata de una persona con
jurisdicción privilegiada, el artículo 24 de la Constitución establece
que “los derechos de la ciudadanía se suspenden en los casos de: Condena
irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma”.
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