La jueza suplente del Tribunal de Atención
Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Penélope Amparo Casado
Fermín, dictó orden de arresto en contra del abogado y comentarista de
televisión Marcos Martínez, quien fue sometido a la justicia por la
primera dama Margarita Cedeño de Fernández, por uso de documentos
falsos.
Martínez habría comentado en un programa que producía en
el canal 55 de Santiago, que Cedeño de Fernández supuestamente tenía una
cuenta millonaria en euros en un banco de Dinamarca. La orden de
arresto en contra de Martínez emitida por la jueza Casado Fermín, está
contenida en la resolución 3494-2012 del 30 de abril de este año.
La
fiscal Luisa Liranzo citó para las 4:00 de la tarde de ayer a Martínez,
pero éste por recomendaciones de sus abogados no asistió al encuentro,
alegando que con ello se violan todos los procedimientos legales y la
propia Constitución de la República.
Los abogados del comentarista
de televisión, quien fue diputado del Partido Revolucionario Dominicano
en el período 1982-1986, son Francisco Hernández Brito, Teobaldo de y
Manuel Sierra Pérez. La doctora Cedeño es representada por Luis Miguel
Pereyra.
Sierra Pérez y Hernández denunciaron ayer a la presa que
la fiscal Luisa Liranzo diligenció con una jueza suplente una orden de
arresto en contra de su cliente en franca violación a la ley y alterando
todos los procedimientos, porque éste no ha dejado de asistir a todas
las citaciones que le ha hecho la fiscalía en torno a la querella que en
su contra presentó la primera dama.
Asimismo, dijeron que no hay
razón para apresar a su requeriente, porque éste presentó formal
objeción a la resolución 001-2012 emitida por la fiscalía el 20 de abril
de este año que implica el uso de una vía de naturaleza impugnativa que
tiene como propósito la judicialización de un referendo existente entre
el Ministerio Público y el querellado sobre la admisibilidad de la
querella de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del
artículo 269 del Código Procesal Penal.
Para los abogados de
Martínez, no hay razón para que se ordene su detención y la misma viola
las leyes y la Constitución de la República.
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