Señora Ligia Bonetti de Valiente, Presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana
Licenciado Danilo Medina, Candidato a la Presidencia de la República
Distinguidos Miembros de la Mesa de Honor
Distinguidos Invitados
Señoras y señores:
Nos sntimos muy honrados de asistir a este encuentro de la Asociación
de Industrias de la República Dominicana en su 50 aniversario.
Felicitamos a las empresarias y empresarios, quienes con su esfuerzo y
creatividad contribuyen a forjar la sociedad que es aspiración de todos
los dominicanos.
Se habla mucho de cambiar el modelo económico vigente, pero siempre
nos hemos preguntado, ¿Cuál modelo?. Para que un modelo funcione tiene
que tener cierta coherencia y equilibrio entre sus principales variables
que permitan explicar dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos.
Debe ser cuantificable, consistente con las metas sociales, y muy
transparente cuando se trata de medir sus resultados, porque hablamos de
números y los números no deben manipularse ni inventarse.
Lamentablemente, eso no ha sido así en los últimos años de Gobierno.
Desde 2004, la política económica se ha sustentado solamente en la
estabilidad del tipo de cambio, desvinculada generalmente de otros
factores claves que promueven un crecimiento sano, equitativo y auto
sostenible.
Todos los indicadores económicos se han deteriorado. El ahorro
interno se desplomó a un 7%, la calidad del gasto ha desmejorado
visiblemente, la deuda pública más que se duplicó en los últimos 7 años y
el déficit de la cuenta corriente actualmente ronda el 9% del PIB.
El crecimiento de estos últimos años ha sido dependiente del
endeudamiento interno y externo, y de los altos déficits en todos los
frentes de la economía.
Esa incongruencia explica por qué el alto crecimiento del PIB de los
últimos 6 años, no ha llegado a los estratos sociales de bajos ingresos,
ni ha contribuido a la reducción de la pobreza.
La economía del país ha mejorado, la de nuestros conciudadanos más pobres ha empeorado.
La economía tampoco ha respondido a las expectativas de los sectores productivos y de servicios.
Mientras tanto, los indicadores que muestran los índices de
desarrollo humano de República Dominicana publicados por las Naciones
Unidas, o los del Foro Económico Mundial, son reveladores del total
fracaso de lo que se ha dado en llamar el modelo económico vigente.
Se aprobaron cinco reformas fiscales desde 2005 y los ingresos
tributarios anuales han crecido 4 veces más que en el 2004 y casi 5
veces más respecto al 2003.
Pero al mismo tiempo y en el mismo periodo, la deuda pública total
aumentó de 9 mil 700 millones en el 2004 a 23 mil millones de dólares en
el presente, equivalente a un 43% del PIB actual, siempre y cuando el
dato del PIB sea el correcto.
Aun así, el exceso de gastos gubernamentales ha provocado que el
déficit de los últimos tres años haya superado los 50 mil millones de
pesos anuales.
Este año no será la excepción, sólo en el mes de septiembre el
déficit fue de 11 mil millones de pesos, para un déficit acumulado
superior a los 30 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del
año.
Toda esta entrada de dinero no vino acompañada de una mejora en la
calidad del gasto público, sino todo lo contrario. El uso indiscriminado
de esos recursos con fines proselitistas, el crecimiento desordenado y
gigantesco de las nóminas y nominillas, el despilfarro y la corrupción
han convertido al gobierno en una retranca para el desarrollo del país.
Esa política de dispendio ha conducido a que gastemos el 94% del PIB
en consumo y solo el 6% en capital cuando la mayoría de los países de la
región invierten sobre el 25%.
En resumen, amigas y amigos: el gobierno cobra más impuestos a los
ciudadanos y a las empresas, pero gasta tanto y tan mal, que el país se
endeuda, mientras la gente no ve beneficio alguno del crecimiento
económico.
Señoras y señores empresarios: ha llegado la hora del cambio.
Ha llegado la hora en que su esfuerzo y el de todos los dominicanos llegue a todo nuestro pueblo con justicia y equidad.
Mirando hacia el futuro
La estabilidad macroeconómica es un axioma en todo régimen
democrático. El problema es la interpretación que cada quien le da a
este principio. Para nosotros, su significado va mucho más allá que la
simple estabilidad cambiaria, que es necesaria, aunque no suficiente.
Nos proponemos una estabilidad donde todos los agregados
macroeconómicos se conjuguen, estén en armonía cuantitativa y respondan a
un patrón de crecimiento incluyente.
Un crecimiento motorizado por el sector privado y focalizado hacia
los sectores estratégicos, que generan mayor cantidad de empleos
productivos.
Esos sectores son: la agricultura, la industria, la agroindustria, la
construcción, la minería, el turismo y las zonas francas. Ellos serán
los sectores más favorecidos para impulsar ese crecimiento, lo que
mejorará la distribución del ingreso y el empleo, irradiando sus efectos
en todas las clases sociales.
No podemos conformarnos exhibiendo un crecimiento excluyente mientras aumenta la pobreza.
Tampoco es posible que los beneficios de ese crecimiento queden atrapados en las manos de una pequeña cúpula privilegiada.
Ni la pobreza ni el privilegio son compatibles con un sistema
político que promueva la democracia económica y el bienestar de la
gente.
Nos proponemos una meta de crecimiento promedio anual sobre el 6%, apoyado en los sectores de mayor generación de empleos.
La única forma de lograr esta meta, en un mundo amenazado por otra
recesión, es redoblando los esfuerzos para fortalecer las finanzas
públicas, aumentando las exportaciones, sustituyendo las importación de
muchos bienes y fomentando la inversión extranjera directa.
Este crecimiento deberá estar asociado con una fuerte estabilidad en
los precios macroeconómicos: tasa de cambio, tasa de interés y salarios,
y además en la reducción del déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos a un nivel que pueda ser financiado con el influjo de
inversión extranjera y los desembolsos netos de recursos externos.
Quereos anunciar aquí, que para garantizar el cumplimiento de estos
objetivos nos proponemos mantener el Acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, enviando con ello, una clara señal de nuestro compromiso
con el crecimiento y la estabilidad.
También es importante un mayor respeto a la ley sobre el derecho a la
propiedad y a las reglas establecidas, como garantía de tranquilidad y
confianza para la inversión local y extranjera.
Nos comprometemos a reducir la intervención pública en aéreas de
competencia privada y privilegiar la inversión en capital humano,
dándole a la juventud mayores oportunidades para insertarse en el
mercado laboral. Y esa juventud tendrá un espacio en nuestro gobierno
que jamás ha tenido.
Se hará una revisión de las políticas públicas, incluyendo el régimen
tributario, que giran alrededor de la competitividad, con una
perspectiva no fiscalista, pero si facilitadora de un florecimiento de
los sectores que generan mayor empleo y riqueza.
Un paso fundamental para lograr este objetivo es alcanzar un consenso
con todos los sectores, a fin de realizar una reforma tributaria
integral que ordene de una vez por todas, el desorden fiscalista y el
regresivo sistema impositivo que frena el desarrollo nacional.
Igualmente, fijaremos topes al gasto corriente, para lograr un
superávit primario y consolidar las finanzas públicas, bajar el déficit
fiscal, eliminar el despilfarro, focalizar efectivamente los subsidios y
aumentar la inversión en infraestructura.
Nos proponemos aumentar el ahorro interno sobre el 20% del PIB, tal como existía en nuestra anterior administración.
Elevaremos el gasto de capital en el presupuesto anual, de menos de
un 20% como está ahora a un 30%, reactivando la inversión pública en
pequeñas y medianas obras de impacto social y económico, por sus efectos
en el empleo.
Impulsaremos una reforma institucional profunda, desde el inicio del
Gobierno, con asistencia de las instituciones internacionales.
Ejerceremos un estricto control al endeudamiento de las instituciones
centralizadas o descentralizadas, haciendo cumplir a cabalidad con la
ley de compras y contrataciones vigente.
Hay que reconvertir al Estado Dominicano en un ente facilitador de la inversión privada y no en uno que la sustituya.
Esta reforma debe mejorar la asignación de los recursos públicos en
sectores estratégicos, como la educación, la salud y en el conjunto de
instituciones que se debaten en la ineficiencia, el despilfarro y la
corrupción, debido a la poca supervisión y regulaciones existentes.
Además, someteremos al Congreso una ley de Respuesta Administrativa
Oportuna para proyectos de inversión extranjera y doméstica, que reduzca
el tiempo de aprobación de los mismos.
Les garantizamos que cuando uno de ustedes quiera hacer una inversión
para crear riqueza y empleo, encontrará en el gobierno un aliado fiel,
no trabas y problemas como tantas veces sucede en la actualidad.
Hemos dicho que un mejor país empieza en las escuelas, por eso
nuestro compromiso de entregar el 4% del PIB a la educación y seguir
aumentándolo en el futuro.
Pero al mismo tiempo hay que realizar una profunda transformación
institucional del sistema educativo para que esos recursos mejoren la
calidad de la enseñanza, del profesorado y de toda la infraestructura en
que descansa el sistema escolar.
Igualmente, daremos especial atención, como lo hicimos en nuestra
pasada gestión, a la educación técnico vocacional, con la creación de
institutos politécnicos en todo el país.
Estamos convencidos que un aporte fundamental que el gobierno debe
hacer, para mejorar la competitividad y el crecimiento de las
exportaciones, es capacitar nuestra mano de obra.
Esa misma transformación hay que extenderla al resto del sector
público, ya que con la crisis que heredará el próximo gobierno, no hay
otra vía para salir adelante que no sea optimizar los recursos
disponibles.
La agricultura es el mejor ejemplo de ese despilfarro y desorden
administrativo, donde la única preocupación de las autoridades es
importar alimentos para cobrar peajes y otorgar privilegios.
Las imortaciones que sean necesarias en nuestro gobierno, serán
sometidas a concurso abierto en la bolsa agropecuaria, con asesoría de
las organizaciones de productores encabezadas por la Junta
Agro-empresarial Dominicana.
El Banco Central mantendrá su absoluta independencia y su capacidad
de hacer política monetaria usando todos los instrumentos y herramientas
a su alcance.
La meta que guiará la política monetaria será mantener por debajo del
7% el nivel de inflación, permitiendo que los agentes económicos
anticipen los cambios de política en el corto y mediano plazo.
El DR-CAFTA y otros acuerdos similares con Europa y el Caribe fueron
logros del gobierno del PRD y seguimos pensando que esos acuerdos nos
ofrecen la mejor oportunidad de incursionar en los mercados
internacionales y aprovechar nuestro potencial exportador.
Esto exige mejorar nuestra competitividad, que es una palabra
inexistente en el vocabulario gubernamental, pero que en nuestro
gobierno recibirá un fuerte apoyo, encabezando las prioridades del
programa económico.
Todas las empresas que exporten, estén o no en los parques de zonas
francas, recibirán el mismo tratamiento impositivo en cuanto a los
productos exportados. No podemos exportar impuestos.
Sin embargo, tenemos que mirar más allá del DR-CAFTA. Los países
emergentes de Asia y América Latina crecen con más dinamismo que Estados
Unidos y Europa, y eso abre grandes oportunidades de negocio para
nuestro país.
Por esa razón estamos decididos a establecer relaciones diplomáticas y
económicas con la República Popular China, así como, establecer un
acuerdo de intercambio comercial con nuestro vecino Haití.
Somos uno de 15 países con acceso libre de tarifa arancelaria a 800
millones de consumidores pudientes. Si fuésemos competitivos estaríamos
exportando mucho más de lo que actualmente exportamos.
Hay muchas medidas que podemos aplicar de inmediato para que la competitividad se convierta en una realidad.
Entre ellas están la reducción del impuesto sobre la renta, la
revisión de los impuestos que frenan la inversión privada, el estricto
apego a la ley que rige el impuesto a los combustibles eliminando los
sobreprecios, la creación de un Fondo de Garantías para apoyar el
financiamiento a las micros y pequeñas empresas y la eliminación de los
trámites burocráticos a los inversionistas y exportadores que fomentan
la corrupción.
Les anuncio que eliminaremos el cobro del ITBIS en las aduanas y el
uno por ciento a los activos financieros de la banca que ha elevado en
más de 6% el costo del dinero.
En este punto, quiero expresarle mi firme compromiso de despolitizar y
fortalecer las instancias que están directamente relacionadas con estos
temas, como es el caso de Proindustria, Consejo Nacional de Zona
Franca, Promypime y el Consejo Nacional de Competitividad.
Esperamos que ustedes también asuman el compromiso de acompañarnos en esta tarea.
Estamos convencidos que es fundamental incrementar el flujo
financiero a nuestros sectores productivos. El Banco de Reservas tiene
que reorientar su política de crédito ya que sus préstamos al sector
industrial en el 2002 eran 2.5 veces mayores a los del 2010.
Es una pena que el banco del Estado esté financiando al gobierno,
indirectamente, con más de 47 mil 500 millones de pesos a través de
contratistas, dejando a los sectores productivos sin capital de trabajo
para incrementar la producción y el empleo.
También el BNV debe reconvertirse en una verdadera entidad de fomento
a la producción y no en un ente especulador emitiendo deuda pública
para hacer colocaciones en bonos del gobierno.
El BNV apenas le ha prestado a la industria 156 millones de pesos,
mientras tiene 6 mil 300 millones de pesos en certificados y bonos del
gobierno.
Para que el sector financiero público apoye la producción y la
exportación será necesario un reordenamiento institucional con una
gobernabilidad aislada de la política partidista y con la participación
del sector privado.
Este es un cambio profundo pero necesario en el contexto actual y esperamos contar con su apoyo.
Ahora tratemos el problema más grave: El tema eléctrico,
caracterizado por el alto costo de la tarifa, ineficiencia gerencial,
elevadas pérdidas en distribución y comercialización, escasa inversión,
que se traduce en interminables apagones.
Lamentamos la errática privatización del pasado, donde un monopolio privado extranjero suplantó un monopolio público.
Queremos libre competencia con empresas tecnológicamente solventes y honestas.
Por eso, eliminaremos todas las trabas para que el sector privado incursione en la generación y distribución de energía,
Brindaremos facilidades para que el sector privado participe en la
solución de la crisis, con plantas modernas a carbón, gas natural y
proyectos de fuentes alternativas ambientalmente amigables.
La realidad es que el aumento indiscriminado de la tarifa eléctrica,
incrementa el fraude, agravando la situación financiera del sector. Eso
también impacta negativamente en la competitividad de las empresas.
En ese sentido, hay que realizar fuertes inversiones en el
mejoramiento de la distribución, donde se pierde más de un tercio de la
energía producida.
Asimismo, impulsaremos el programa de desarrollo hidroeléctrico a
nivel nacional, donde todavía tenemos un gran potencial sin explotar.
Amigas y amigos empresarios, ni ustedes pueden trabajar, ni nuestra
gente puede vivir con este lamentable estado de nuestro sistema
eléctrico: caro, caótico e ineficiente. Pero si aunamos esfuerzo con el
sector privado podremos cambiar esta situación de una vez por todas.
Todo esto es posible en 4 años si logramos revertir las políticas
vigentes y convertir a la Republica Dominicana en un país exportador,
atractivo a la inversión extranjera y con finanzas públicas fuertes y
transparentes.
Garantizarmos que el crecimiento de la economía se fundamente en la
inversión privada y no en el gasto gubernamental como ha sido en los
últimos siete años.
Por eso la manufactura y la agricultura exportable serán fundamentales en nuestra estrategia de crecimiento.
Cualquier contrato de préstamo amarrado a importaciones de bienes que
pueden producirse internamente y a mejor precio, será revisado de
inmediato y en el futuro no será considerado como una opción de
financiamiento.
Transparencia
Amigas y amigos empresarios: un Programa de gobierno en República
Dominicana no es creíble si no aborda el tema de la transparencia.
Nuestra primera iniciativa, cuando lleguemos a la Presidencia, estará
asociada a la transparencia y moralidad del quehacer público.
La mentira y el ocultamiento de la verdad que ha caracterizado el
Gobierno actual, incluyendo la violación sistemática de las leyes que
regulan el funcionamiento del Estado, han puesto en cuestionamiento la
gobernabilidad.
Junto con las organizaciones de la sociedad civil más representativas
del país, estableceremos mecanismos efectivos que transparenten y
moralicen la gestión pública, comenzando por la liquidación del
clientelismo que ha contaminado hasta la médula el tren gubernamental.
Aplicaremos un fuerte plan de austeridad para acabar con el despilfarro y la corrupción. Ese es nuestro compromiso.
Durante nuestra administración en el periodo 2000 al 2004, aún
después de los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre del
2001, que arrojó pérdidas para el país del orden de los 2 mil millones
de dólares, mantuvimos bajo un estricto control el déficit fiscal,
logrando un balance positivo en la cuenta corriente de la balanza de
pagos.
Todo ello sin descuidar jamás la política social, incluyendo
educación y salud, que recibieron los más altos porcentajes del
presupuesto hasta el día de hoy.
Establecimos la base para la estabilidad de la tasa de cambio, la
tasa de interés y la estabilidad de los precios con la aprobación de la
Ley Monetaria y Financiera vigente, que entre otras cosas prohibió para
siempre el uso de dinero inorgánico para financiar el sector público.
Después de la erupción de la gran crisis bancaria del 2003, que
desestabilizó a toda la economía, pusimos nuestro gobierno en juego para
salvar el sistema de pagos y mantener la gobernabilidad, buscando el
apoyo del FMI y del resto de la comunidad internacional para que el país
saliera adelante, logrando una recuperación increíble de la economía un
año después de esta crisis.
Asumimos un alto costo político, personal y familiar, pero hicimos lo
correcto. El sector financiero nacional y los organismos
internacionales aplaudieron nuestras decisiones, que luego fueron
confirmadas durante la crisis financiera mundial.
Aun con todas esas adversidades, nuestro país ocupaba en el 2004 la
posición 62 en el índice de competitividad y hoy ocupa el 110.
Cumplimos con nuestro deber limpiando una tierra llena de podredumbre para que otros cosecharan sus frutos.
Al final no han sabido distribuirlos con equidad y transparencia. Por eso ahora el pueblo dice ha llegado la hora del cambio.
Señoras y señores, les invito al cambio. El cambio para liberar el país de la corrupción, la desidia y el clientelismo.
El cambio para que nuestras empresas tengan fe y confianza en el futuro.
Ustedes son el motor de la economía.
Cuento con ustedes; y ustedes cuenten conmigo.
Muchas gracias
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