Es necesario poner freno a prácticas tan descaradas como el uso de las oficinas de relaciones públicas de las entidades oficiales y las alcaldíascomo oficinas de campaña para el funcionario candidato, o las "coincidencias" entre los actos de campaña y los operativos de asistencia social de entidades como la Lotería Nacional y los Comedores Económicos del Estado.
Después de la crisis política pos electoral del año 1994 la República Dominicana ha logrado ir construyendo un buen sistema electoral, en muchos aspectos envidiable si se compara con los de países hermanos en los que todavía resulta relativamente fácil intentar un fraude o perturbar la organización de los comicios.
Como ejemplo del avance que hemos logrado se puede resaltar el padrón electoral, que incluye fotografía a color y unas especificaciones que lo hacen en gran medida invulnerable para fines de intento de suplantación de personalidades.
Asimismo, la cédula de identidad y electoral ha sido notablemente mejorada en los últimos lustros, y lo será más con la inclusión de los datos biométricos de cada persona.
Hacemos estos señalamientos a propósito de las declaraciones de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cumplieron la primera etapa de su labor de observación del proceso electoral. Nuestro sistema de organización de las elecciones es satisfactorio.
Ahora bien, esto no significa que no existan problemas que esperan solución, y retos que debemos alcanzar. Por ejemplo, es necesario que legislemos para que la Junta Central Electoral ejerza un control más profundo y firme sobre:
-Los recursos que gastan los partidos y los candidatos, a fin de establecer un tope en la cantidad que pueden recaudar, el origen de cada centavo de esos fondos y una rendición de cuentas debidamente detallada y bien sustentada, que una vez entregada a la JCE sea auditada con todo el rigor profesional.
-Las campañas: establecer límites de tiempo tanto para las internas como las externas. Es absurdo que se malgasten meses y meses en campañas a destiempo, y que el partido y/o aspirante con más dinero apabulle a sus competidores, saboteando la esencia de la democracia, que es la competencia en igualdad de condiciones.
-Uso de los recursos del Estado: establecer controles rigurosos, que abarquen desde los recursos generales que administra el gobierno central y sus instituciones descentralizadas y autónomas, hasta las alcaldías, el Congreso Nacional y los pequeños presupuestos que están en manos de los legisladores. Y no sólo cuando se trata del uso de dinero en efectivo, sino de la utilización de bienes del Estado, desde vehículos, combustible, teléfonos, computadoras, etc. Es necesario poner freno a prácticas tan descaradas como el uso de las oficinas de relaciones públicas de las entidades oficiales y las alcaldíascomo oficinas de campaña para el funcionario candidato, o las "coincidencias" entre los actos de campaña y los operativos de asistencia social de entidades como la Lotería Nacional y los Comedores Económicos del Estado.
Cuando hayamos alcanzado estas metas y corregido estos problemas, nuestro sistema electoral habrá alcanzado madurez plena. Hacia esa meta debemos dirigirnos
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