En el mundillo político siempre se ha dicho que los líderes, sobre todo cuando tienen a su cargo la dirección de la administración pública o parte de ella, deben saber descifrar los signos de los tiempos, las señales y mensajes que por distintas vías recibe.
El Gobierno dominicano ha estado observando en los últimos días cómo los medios de comunicación de alta credibilidad, los hacedores de opinión pública, los analistas sociales, las asociaciones de empresarios y organizaciones cívicas y religiosas se han expresado sobre el problema de la corrupción en el Estado.
El último llamado, hecho este domingo, está sustentado por 34 organizaciones, entre ellas instituciones de alto prestigio como el Centro Montalvo, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, la Asociación de Jóvenes Empresarios y el Centro Juan XXIII, entre muchas más no menos importantes y reconocidas en sus ámbitos de acción.
Como si todo esto fuera poco, varios funcionarios han sido sometidos por ciudadanos y ciudadanas que se han constituido en parte civil a través de la Asociación Contra la Corrupción, mientras la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa no acaba de mostrar la vitalidad y la independencia necesarias para encabezar una verdadera política de combate a ese grave delito que tanto daño ha hecho a la República Dominicana.
Talvez ha llegado el momento de que los funcionarios, en general, reciban un mensaje claro de parte del Jefe del Estado respecto a la prometida tolerancia cero a la corrupción.
Si bien los gobernantes, por razones más políticas que legales, no siempre son dados a proceder judicialmente contra sus propios funcionarios sospechosos de cometer corrupción, que sería lo correcto, sí pueden aplicar otros tipos de castigos y sanciones a los envueltos en los escándalos.
Una sanción a tiempo al servidor público envuelto en un escándalo, puede generar un efecto de advertencia en el resto de los funcionarios y poner algún freno a las ambiciones desmedidas.
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